Padres de muertos en el New’s Divine repudian la liberación de 11 policías

Familiares de las víctimas del fallido operativo en la discoteca y activistas cuestionaron el fallo de la Suprema Corte de liberar a oficiales que participaron en los hechosFoto Yazmín Ortega

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada
Sábado 11 de abril de 2015, p. 27

¿Quién es el responsable de la muerte de nuestros hijos? ¿Dónde está la justicia y la verdad? ¿Las 12 muertes van a quedar impunes?, fueron algunos cuestionamientos que padres de los jóvenes que perdieron la vida en un operativo policial en el New's Divine lanzaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes determinaron absolver de los delitos de homicidio y lesiones a 11 policías que hicieron una valla para impedir que los muchachos salieran de la discoteca, porque la orden fue detener a todos los adolescentes que participaban en una tardeada.

De acuerdo con representantes de las organizaciones sociales que acompañan a las familias y su abogado, Armando Barrer, la resolución de la Primera Sala de la SCJN muestra los errores cometidos por la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso el Tribunal Superior de Justicia, todas instancias del Distrito Federal, que integraron expedientes deficientes y los avalaron.

Además, evidencia la falta de pruebas aptas para desacreditar la responsabilidad de los policías en los delitos de homicidio y lesiones, por lo cual insistieron en que se haga la revisión de la línea de mando que fue ignorada en las averiguaciones para exonerar a ex altos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.

El reclamo también incluyó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que ha sido omisa, porque hasta el momento no se ha pronunciado, pese a que fue el organismo el que realizó en 2008 una exhaustiva investigación que originó la destitución de varios funcionarios.

Clara Jusidman, integrante de las organizaciones y que habló en representación de la sociedad civil, lamentó que la CDHDF, a cargo de Perla Gómez Gallardo, haya perdido la defensa de los derechos humanos y favorezca el de las élites políticas.

Los padres solicitaron una reunión con los ministros de la corte para conocer los motivos de su decisión; además, porque aún faltan varias resoluciones del caso, entre ellas, las que involucran al ex jefe del desaparecido Unipol, grupo élite de la SSP-DF, Guillermo Zayas, y los mando del sector Cuchilla, como la de otros policías.

Leticia Morales, Carmen Rivas, Hilda Barrangán, Angélica Maruri, Patricia Domínguez, Martín Rocha y Leonardo Muñoz, padres de los jóvenes muertos durante el operativo fallido, solicitaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, las renuncias del segundo al mando de la SSP-DF, Luis Rosales Gamboa, y del entonces secretario, Joel Ortega, quien actualmente es director del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Carlos Cruz, de la organización Cauce Ciudadano, expresó que Mancera debe cerrar el pacto de impunidad y corrupción con el cese de esos funcionarios que ha mantenido en su administración, porque la exigencia es la misma desde hace casi siete años: justicia.

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