Josefina Quintero M.
Periódico La Jornada
Domingo 15 de febrero de 2015, p. 29
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció porque previo a la aprobación del dictamen de reforma a la Constitución –la cual modificaría varios artículos, entre ellos el 123–, se haga un análisis del impacto que traerá la transformación de la fracción XIV, apartado B.
El organismo manifestó su preocupación ante el Senado, porque los cambios propuestos, en materia de reforma política de la ciudad de México, provocarían un impacto laboral, social, económico y político, porque ello implica la eliminación de derechos laborales de organismos públicos descentralizados.
Con la reforma, señaló el organismo, se afecta a un amplio sector de trabajadoras y trabajadores de la ciudad, con el consecuente perjuicio en empleos directos, indirectos y en la economía interna.
En la propuesta de adición a la fracción XIV, apartado B, del artículo 123, se plantea la adición del párrafo que a la letra dice: Las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija
.
Ante ello, la CDHDF advirtió que si el texto es avalado, se abre la posibilidad de que se liquiden automáticamente un sinnúmero de contratos colectivos que se encuentran vigentes y, en general, firmados por representaciones, al pasar del apartado A, donde se encuentran ahora, al apartado B del citado artículo 123 constitucional con su modificación.
Asimismo, alertó que la adición del párrafo tendría tal dimensión que no sólo afectaría a los organismos públicos descentralizados federales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Centros Nacionales de Investigación e institutos de salud, entre otros sino a 34 instancias descentralizadas del Gobierno del Distrito Federal.
La modificación, si se aprueba, sería contraria al artículo primero constitucional, en relación con la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo, como a los Convenios 87 y 98, ambos de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y el Programa de Trabajo Decente y sus correlativos Convenios 154 y 151, además del propio Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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